El Telégrafo Hace veintiún meses el Gobierno ecuatoriano anunció la revolucionaria propuesta de mantener bajo tierra las reservas de petróleo del bloque 43, conformado por los campos Ishpingo- Tambococha-Tiputini (ITT), a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional. Sin embargo, hasta el momento el innovador proyecto no recibe el apoyo esperado.

La intención del régimen es triple. La primera, no contaminar el ambiente con la extracción de crudo del ITT, que tiene reservas probadas por 950 millones de barriles; la segunda, no afectar la fauna y flora del Parque Nacional Yasuní, en cuyo subsuelo se encuentran los yacimientos; y por último, recibir dinero por no explotar este recurso.

Pero la ejecución del proyecto se definirá con el resultado de un estudio técnico contratado por  el Gobierno alemán, el cual concluirá si la propuesta ecuatoriana es viable, aseguró Roque Sevilla, presidente del Consejo Administrativo y Directivo de la iniciativa  Yasuní-ITT.

El estudio, que es realizado por 16 especialistas internacionales y que será entregado a finales del presente mes, concluirá si la propuesta ecuatoriana de emitir Certificados de Garantía Yasuní (CGY) que equivaldrían, por unidad, a una tonelada de carbono no emanado al ambiente, tiene sustento.

“Lo que proponemos es que nos acepten los CGY como si fuesen certificados de carbono, para que los presenten como permisos de emasión”, dijo Sevilla.

El costo de un certificado de carbono fue de 29 dólares en octubre del año anterior y en el presente mes se cotizan en 14 dólares, porque se mueven de acuerdo al precio del barril de petróleo, aunque un poco más lento.

Aunque hay un inconveniente, pues el procedimiento de pagar por no contaminar, no está contemplado en el protocolo de Kyoto, que funciona por las acciones que se emprenden para disminuir las emisiones, dijo Sevilla.

Por citar un ejemplo: la construcción de una planta hidroeléctrica que reemplace a una térmica es una acción que reduciría la producción de carbono, entonces se pueden emitir bonos de carbono por la cantidad que ha dejado de arrojar al ambiente la termoeléctrica.

“Nosotros lo que decimos es que nos paguen por el carbono que no vamos a emitir y que dejamos bajo tierra. La propuesta es que nos autoricen y nos acepten”, aclaró Sevilla.

El objetivo, ya con el estudio en las manos, es que los países europeos (que son los que negocian los bonos de carbono) acepten los CGY. “Si dicen que no, no hay proyecto; pero si dicen sí, lo aceptan con algún status, que es lo que se negociará, la condición”, aclaró.

 

Sin embargo, los bonos CGY son la alternativa reciente que maneja el Gobierno para sacar adelante el proyecto Yasuni-ITT. En un inicio, el régimen propuso recibir por una década una compensación de 350 millones  de dólares anuales de organismos y países a fin de no explotar los campos petroleros.

Para conseguir el apoyo externo, se puso como plazo octubre de 2008, pero no se logró el resultado deseado. Por ello, el presidente Rafael Correa amplió la fecha para enero de 2009 y en febrero pasado -mediante decreto ejecutivo- puso un plazo indefinido para que se concrete el proyecto.

Esperanza Martínez, de la Secretaría de la campaña Amazonía por la vida, aseguró que el Mandatario acertó al declarar un plazo indefinido para la iniciativa, porque así las opciones de apoyo se cristalizarían sin sujetarse a un plazo “caprichoso”.

“Era necesario para respaldar las acciones internacionales que se realizan por el proyecto, todos los esfuerzos para que se reconozcan los CGY como certificados piloto”, manifestó Martínez.

A su criterio, falta por definir el alcance del proyecto, ya que se debería proteger todo el Yasuní y no solo una parte, pues existe operación petrolera en la zona.
Por ejemplo, la compañía china Andes Petroleum opera el campo petrolero 14, que está dentro del parque nacional. La zona nororiental del bloque 16, que es explotada por Repsol YPF, también se encuentra en el Yasuní.

Y el año anterior, Petrobras devolvió -sin operar- al Estado el bloque petrolero 31, que está en el corazón de la reserva natural.

Por ello, Martínez manifestó que debería realizarse una auditoría ambiental para saber el actual estado del Yasuní, la cual debe ser el inicio de un proceso de abandono de actividades petroleras y  de reparación del área.

Además, resaltó que la explotación de estos yacimientos se realizaría a pérdida, tanto económica como ambiental.

 Paul Tufiño, biólogo conservacionista, aseguró que el problema de la industria petrolera es la apertura de las carreteras para entrar a las áreas a explotar.

Cuando existen carreteras inicia la colonización y con esta llega la explotación de la madera y, como consecuencia, la extinción de las especies, “Yasuní terminaría convirtiéndose en Lago Agrio, con todos los daños”, aseguró Tufiño.

Si se logra la aceptación de los bonos CGY, se conformará un fondo fiduciario que será manejado por un organismo internacional.

El dinero se destinará a cuatro objetivos. A la conservación de 40 parques nacionales, que representan el 18 % del territorio del país, y a las más de cinco millones de hectáreas que están en manos de las comunidades indígenas y afroecuatorianas, con lo cual se protegería el 38% de la superficie nacional.

También serviría para la reforestación y crecimiento natural de bosques en 2,3 millones de hectáreas, para lo cual se contrataría a habitantes de sectores rurales.

Y por último, para el cambio de la matriz energética de demanda y oferta del Ecuador, con proyectos de hidroelectricidad y geotermia, y la reactivación de la economía de las zonas con influencia petrolera, sin destruir el ambiente.

Pero no todos están de acuerdo con mantener el petróleo del ITT bajo tierra. Mario Sánchez Pachón, experto petrolero y ex vicepresidente de Petrocomercial, manifestó que el país no debe mantener bajo tierra el petróleo de esta reserva, aunque destacó que en los actuales momentos no es económicamente aconsejable, debido a los bajos precios del barril en los mercados internacionales.

“Pero si después aumenta el precio del crudo se justificaría la explotación, porque con las técnicas que existen a nivel mundial se puede hacer una extracción controlada desde el punto de vista ambiental”, afirmó Sánchez, tras resaltar que esa tecnología encarece más el costo de producción.

Por ello, resaltó que para explotar estos yacimientos se debe esperar la recuperación de los mercados internacionales, más aún cuando el ITT tiene reservas de crudo pesado de 14,7 grados API (densidad), que tienen un precio bajo debido a su calidad.

Además, consideró que es más conveniente -desde el punto de vista económico- para el país explotar los campos, que esperar una compensación internacional (vía directa o a través de los bonos CGY), pues hasta el momento no hay un respaldo importante a la iniciativa que anunció el Gobierno.

“Hay que establecer con un estudio el costo de producción de este crudo y el precio óptimo del petróleo en los mercados internacionales para que sea rentable la explotación”, explicó Sánchez.

Adicionalmente, el país debe considerar que en el futuro necesitará más petróleo para la operación de la refinería del Pacífico que se construirá en Manabí y que tendrá una capacidad de procesamiento de 350.000 mil barriles de crudo al día.

Esa planta podrá refinar crudo pesado, como el que hay en el ITT. Alejandra Carrión
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Reportero - Quito