El tiempo “Parece que el Gobierno quiere explotar las minas y el petróleo a cambio de un presupuesto, que alguna vez terminará. Pero al sacar los recursos atentará contra la vida de los ecosistemas, se perderán pueblos y comunidades”, comenta Daniel Tigre, dirigente en el Azuay de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.

Cuenca. Para muchos indígenas, la política ambiental del Régimen cada vez se aleja de las expectativas que se crearon en torno al respeto a la vida y a la naturaleza, plasmadas en la Constitución de Montecristi, en 2008.

Tigre recuerda que al principio las propuestas de la Revolución Ciudadana les abrió una esperanza, los asambleístas incluyeron en la Carta Magna varios planteamientos de los sectores campesinos como la defensa de la vida silvestre y el derecho al agua, además del acceso a los beneficios de la madre tierra.

Pero frases como las dichas en las cadenas sabatinas, como estar sentados en un saco de riquezas y reflejar con ello la necesidad de la extracción minera, generaron la desconfianza de los indígenas.

Tigre asevera que no pueden esperar de brazos cruzados las decisiones del Parlamento sobre la Ley de Aguas, esperan que en la nueva normativa consten la consulta previa y el Consejo Plurinacional del Agua, en lugar de la Autoridad Única.

 Falta

Pablo Arévalo, técnico de la fundación ecológica Rikcharina, entidad que trabaja en de Azuay y Loja, considera que la gestión ambiental del Ejecutivo es aún deficiente, “sobretodo porque hay serios problemas en el acceso a las vertientes de agua, protección de bosques y biocorredores (cuencas hídricas)”, opina.

Arévalo, quien actualmente desarrolla un plan de identificación de fuentes de agua en Sígsig, expresa que en esta área la inversión del Estado ha sido insuficiente. Al decir esto no únicamente se refiere al acceso a los recursos naturales sino a la capacitación para no atentar contra el entorno.

“Por ejemplo, la intervención en los nacimientos de agua provocan la deforestación y se pierden las fuentes, situación que degenera en escasez”, detalla.

Algo necesario, indica Arévalo, es un inventario ecológico para propiciar un manejo adecuado de los terrenos y una normativa vinculante, donde las comunidades que habitan cada zona sean parte de una decisión.

El ambientalista estima que la voluntad del Gobierno central y de los seccionales debe reflejarse en el financiamiento de infraestructura y logística, porque de nada sirve tener ministerios o direcciones del ambiente sino se invierte en proyectos de mejoramiento y conservación.

 Contradicciones

Respecto a la polémica sobre la explotación o no del campo Yasuní ITT, el ambientalista Helder Solís, comenta que al Presidente de la República le falta transparencia en el manejo de la política ambiental.

“Le ha faltado transparencia, en el tema del Yasuní ITT muestra contradicciones con el Plan Nacional de Desarrollo y con la Constitución, parece no existir un proyecto de conservación de la vida sino, como otros gobiernos, de priorizar un modelo extractivista”, concreta.

Añade que además del Yasuní el Primer Mandatario estaría interesado en explotar las minas de la Cordillera del Cóndor o las de Quimsacocha y Molleturo, estas dos últimas en Azuay.

También critica la falta de previsión que obliga al país a recurrir a las generadoras termoeléctricas que son altamente contaminantes.