El Gobierno ecuatoriano no termina por definirse. Por un lado impulsa la iniciativa de dejar 850 millones de barriles de crudo bajo tierra y al mismo tiempo llama a licitación para explotar esa reserva petrolera.

El jueves 8, el ministro de Petróleo, Derlis Palacios, convocó a las ofertas para explotar el recurso. Cuatro días después, el ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, anunció que el Gobierno continuará impulsando la Iniciativa Yasuní ITT. Incluso dijo que se amplía en seis meses el plazo para su concreción (el anterior terminó el 31 de diciembre).

Ese tipo de contradicciones -según Esperanza Martínez, una de las impulsoras de la Iniciativa desde la sociedad civil- confunde a la comunidad internacional, ya que no dejan tan claro sobre la seriedad de  la propuesta. “Al principio surgió como una fuerte crítica al Protocolo de Kioto, seis meses después se la planteó como la única alternativa para Kioto y ahora se pretende modificaciones a dicho protocolo”.
 
Martínez insiste que a eso se suma una serie de señales contradictorias desde el Gobierno. Por ejemplo, la licencia del Bloque 31 y ahora el anuncio de una licitación, así es difícil convencer a la comunidad internacional de que la iniciativa sigue vigente.   

Patricio Chávez, uno de los líderes juveniles de Yasuní por la vida, es más drástico. “No es una posición seria la del Gobierno, ya que trata de vender el Yasuní al mejor postor. Así se vota por tierra todas las posibilidades y expectativas que se habían creado”.

El consultor petrolero Héctor Pazmiño también coincide en que, si bien la Iniciativa Yasuní ITT es innovadora, el Gobierno debe asumir una decisión definitiva. “Han pasado dos años y todavía no hay concreción y en este tiempo, económicamente ya debió significar mucho al país”.    
 
Los sectores ambientalistas aseguran que si  bien recibieron información sobre el proceso, no fueron considerados para la elaboración de las propuestas.

El Gobierno constituyó un equipo técnico con Francisco Carrión, Yolanda Kakabadse, Roque Sevilla y un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores para desarrollar el modelo. “Ellos decidieron trabajar un modelo  a puerta cerrada”, dice Martínez.

La  propuesta actual es crear una especie de bonos de carbono denominados Certificados de Garantía Yasuní (CGY), a los cuales se pretenderá ubicar en el mercado de Leipzig, Alemania. Hasta allí acuden sobre todo los países europeos en busca de los bonos para compensar su imposibilidad de reducir las emisiones de bonos de carbono (CO2) por sus actividades industriales.

De concretarse, en 10 años generaría USD 11 890 millones por evitar la emisión de 410 millones de toneladas métricas de CO2. Hasta diciembre pasado, la iniciativa ecuatoriana recibió el respaldo de países europeos, grandes ONG y personalidades internacionales, incluso el Gobierno alemán apoya con
300 000 euros para la elaboración del estudio de factibilidad.

Pero Martínez y Chávez coinciden en que todos los mecanismos que se ha intentado aplicar a partir de Kioto no han tenido éxito. Además, para que sea aceptada internacionalmente, debía tener coherencia sobre en qué se utilizarán los recursos. En este caso se usarían en reforestación.

Asimismo, Martínez cree que se debería mantener la propuesta original y para garantizar su cumplimiento se debiera crear un fondo de capitalización. Pero Roque Sevilla, director ejecutivo del Consejo Administrativo y Directivo de la Iniciativa, dijo que esa propuesta no tuvo acogida porque se trataba de donaciones sin ningún estímulo a cambio.

Contra la Constitución
La Iniciativa Yasuní  ITT es considerada pionera en este campo. A partir de la propuesta ecuatoriana surgieron otras. Una moratoria petrolera en Costa Rica, protección de bosques en Bolivia y Brasil, y otras parecidas en países como Mozambique, Timor y Nigeria. Mónica Chuji, ex asambleísta, considera que de darse la explotación petrolera en el ITT se  irrespetaría el Artículo 57, numeral 21 de la Constitución. 
Este reza que está vetado todo tipo de actividad extractiva en los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario. 
Según Chuji, el Estado sería demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas por el delito de etnocidio.