Grupos ecologistas y ex trabajadores petroleros rechazan la licencia ambiental concedida por el Gobierno a la petrolera Petrobras con el fin de que opere en el bloque 31 en la Amazonía ecuatoriana y aseguran que los efectos se sentirán en una zona que busca preservarse por su riqueza biológica.

Según Esperanza Martínez, representante de Acción Ecológica, “es muy arriesgado” que se emita una licencia de operación a una petrolera en las cercanías de Yasuní, la reserva ecológica que se pretende preservar incluso con el proyecto del Gobierno de canjear recursos por la preservación del crudo en tierra.

Según Martínez, entrevistada por Ecuavisa, Petrobras quiere estar en esos campos solo en la medida en que se les entregue el ITT (Ishpingo – Tambococha – Tiputini).

La licencia de operación a Petrobras le concede la posibilidad de operar en el bloque 31, junto al ITT.

Por su parte, Fernando Villavicencio, representante de la Comisión de Investigación del caso Petrobras, anunció que todas las organizaciones sociales, campesinas e indígenas presentarán un recurso de amparo la próxima semana.

Según Villavicencio, como ex trabajadores petroleros que conformaron la Comisión que investigó a Petrobras, han denunciado que la licencia se está otorgando a la petrolera en momentos en que la Procuraduría se pronunciará respecto de un proceso de caducidad a Petrobras, por firmar un contrato sin autorización ministerial en el 2005.

De acuerdo a Villavicencio, el mismo artículo se aplicó a la compañía petrolera Occidental para determinar la caducidad de su contrato.

Por su parte, el Presidente de la República, Rafael Correa, pidió a quienes se oponen a la explotación petrolera que den alguna alternativa para recibir recursos para las necesidades que apremian al país y dijo de manera puntual que no se tocará el área intangible del ITT.