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Joan Martínez Alier · Lucía Gallardo · Kevin Koenig · Max Christian
¿Por qué necesitamos un impuesto al carbono?
La Convención Marco
de Cambio Climático (CMCC) y sus órganos científicos han reconocido que
los impactos de cambio climático recaerán desproporcionadamente sobre
los países en desarrollo.
El
Protocolo de Kyoto concedió a los países industrializados una especie
de indulto sobre sus emisiones anteriores a 1990. Es decir, las
emisiones históricas de carbono no han sido consideradas y por tanto,
se ha abandonado el debate sobre "la deuda de carbono" fundamento del
Principio de Compensación Internacional. Además se dio generosas cuotas
a los países más ricos. Un ejemplo: bajo la "burbuja" europea, España
puede aumentar sus emisiones un 15 por ciento aunque per capita está
muy por encima del promedio mundial. De hecho, España ha aumentado
(desde el 1990) más del 40 por ciento, pero no debe pagar por ahora
ninguna compensación. En cuanto a los mecanismos de "flexibilidad",
Kyoto se basa en un esquema de permisos y créditos de emisiones donde
la mayoría de proyectos que se desarrollan bajo este esquema tienen falsas y no verificables reducciones de emisiones.
Siguiendo
el esquema de Kyoto, las actuales políticas internacionales de cambio
climático, se han centrado en el mercado de emisiones, la aplicación de
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), y la promoción del mercado
voluntario de carbono, en lugar de enfrentar el verdadero problema: la
quema de combustibles fósiles. El Banco Mundial es uno de los
principales actores en este campo, pues se calcula que tiene un
portafolio de proyectos de mercado de carbono de más de 1.000 millones
de dólares. Otros actores beneficiados por este esquema de mercado son
las empresas extractivas, que adquieren derechos de emisión tras la
inversión en proyectos en el extranjero que economizarán carbono.
Mientras
esto sucede los países y comunidades que conservan los principales
sumideros de carbono forestales o en pastizales, que apenas usan los
océanos y la atmósfera para verter emisiones, y que ofrecen renunciar o
renuncian a la explotación de sus reservas de petróleo, gas o minería
de carbón evitando de esta manera la liberación de millones de
toneladas de CO2, no son justamente compensados.
Antes de la Revolución Industrial
la concentración de carbono en la atmósfera se mantuvo sin superar los
280 ppm y en tan solo siglo y medio, la concentración de carbono
atmosférico subió a 382 ppm -un nivel al que no se ha llegado en los
últimos cuatrocientos cincuenta mil años-. El Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC) (2) ha determinado que el rango más bajo de concentración de carbono atmosférico que brindará todavía una oportunidad
para estabilizar el clima global por debajo de un aumento de 2 grados
centígrados es de 450 ppm. La concentración está aumentado 2 ppm al
año, o sea que en poco más de treinta años se alcanzará esa
peligrosísima cifra de 450 ppm.
De
continuar con el nivel de emisiones actuales -las emisiones de dióxido
de carbono a nivel mundial están aumentando a un 3% anual-, en tres
décadas se llegaría a este punto, donde los cambios químicos de la
atmósfera son poco predecibles, las corrientes marinas pueden cambiar, y la vida humana y la biogeografía habrán cambiado inevitablemente. La OPEP no puede desentenderse de tales amenazas. Debe jugar un papel activo.
Los
Países en desarrollo NO- Partes del Anexo I del Protocolo de Kyoto, no
deberían reproducir innecesariamente el actual patrón de desarrollo
aunque tendrían todo el derecho. Tampoco deberían esperar a que la
transición hacia modelos de desarrollo sustentables sea hecha por los
países industrializados y que llegue a los países en desarrollo de gota
en gota o cuando las alternativas energéticas sean costosas e
inaccesibles porque sus economías estén ya encerradas en patrones
tecnológicos basados en combustibles fósiles.
Al
contrario, el Impuesto Daly Correa, permitirá que las rentas por la
ocupación de un bien público global se utilicen para financiar una
transición hacia un modelo de desarrollo sustentable. La OPEP
tiene ya un pequeño fondo (del orden de 300 millones de dólares) que
subsidia las investigaciones sobre tecnologías para secuestro de
carbono, pero puede y debe ir mucho más allá, con unos ingresos del
impuesto Daly-Correa (de unos pocos dólares por barril) del orden de 40,000 a 60,000 millones de dólares anuales.
El Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático (3)
afirma que el fracaso en la reducción del crecimiento de las emisiones
de los gases de efecto invernadero podría causar, para empezar, un
costo estimado de 5% del PIB mundial por año; con lo cual, la amenaza
del subdesarrollo y la pobreza crónica es más pronunciada y el
cumplimiento de los Objetivos del Milenio se ve seriamente amenazado.
Esto significa que en un futuro próximo, los costos económicos del
cambio climático en la economía mundial superarán en mucho los impactos
económicos de un impuesto ecológico marginal. Resulta,
por tanto, mucho mejor para la economía global ayudar a mitigar el
cambio climático hoy que enfrentarse a los cada vez mayores costos de
abatimiento de carbono.
De
acuerdo con el IPCC, seguir emitiendo gases con efecto invernadero una
vez superado el límite que asegura mantener el aumento de la
temperatura media global debajo de 2ºC;
le costaría a quien contamina al menos $100/tCO2, de ahí que los países
industrializados quieran que estos costos sean asumidos por los países
en desarrollo; ahorrándose miles de millones de dólares para no
sacrificar su consumo energético.
En cuanto a los costos de adaptación al cambio climático, el Banco Mundial (4)
ha hecho estimaciones de que se requerirán entre 10 - 40 mil millones
de dólares anuales, para cubrir las necesidades de adaptación al cambio
climático de los países en desarrollo. Buena parte de los costos de
adaptación al cambio climático se resolverían vía créditos, Ayuda
Oficial al Desarrollo, con inversión extranjera directa o inversión
nacional. En término sencillos, los países en desarrollo tienen que
asumir los desafíos de la adaptación al cambio climático incrementando
su endeudamiento financiero. Después, para pagar esas deudas
(contraídas por ejemplo para asegurar el suministro de agua en países
andinos cuyos glaciares retroceden), se verán forzados a exportar más
combustibles fósiles a precios que para los países ricos resultan
baratos (de ahí que les coloquen impuestos).
El índice de Financiación para la Adaptación desarrollado por OXFAM (5), por ejemplo, considera que 28 países son los responsables de financiar la adaptación en los países en desarrollo. De acuerdo al estudio, los Estados Unidos y la Unión Europea deberían aportar conjuntamente alrededor del 75% de los fondos necesarios (EEUU algo más del 40% y la UE más de un 30%). Japón, Canadá, Australia y la República de Corea deberían aportar alrededor del 20% de los costos, siendo Japón quien deberá asumir la mitad de este porcentaje. Pero
hay que rechazar los créditos para adaptación y pedir en cambio el pago
de la deuda ecológica por excesivas emisiones históricas y actuales de
dióxido de carbono.
Bajo el principio de responsabilidad común pero
diferenciada reconocido en el Protocolo de Kyoto; los fondos
internacionales para atender al cambio climático no sitúan la verdadera
responsabilidad que algunos países industrializados tienen sobre sus
emisiones históricas de carbono. Algunos de los
fondos existentes como El Fondo para los países menos avanzados o El
Fondo Especial para el Cambio Climático del GEF funcionan con
donaciones voluntarias; mientras que el Fondo para la Adaptación de
Naciones Unidas, sería el primer fondo financiado por el 2% sobre los
créditos de carbono generados bajo los MDL del Protocolo de Kyoto.
Frente a esta realidad, el principio que inspira a la
iniciativa ecuatoriana para la OPEP es que los países que
históricamente han producido y continúan produciendo un exceso de
dióxido de carbono per capita tienen una "deuda de carbono" y que los
países que no han usado apenas los vertederos de carbono y que por el
contrario han conservado las áreas ecológicamente sensibles que
contribuyen al equilibrio climático, deberían ser compensados. Sobre
todo cuando existen distorsiones que profundizan la inequidad en el
tratamiento del cambio climático, como el subsidio anual total de los
países en desarrollo hacia los países industrializados por las
emisiones globales de carbono que estos han realizado por la producción
de las ¾ partes de las emisiones, en lugar de ¼ partes que les
correspondía por su población y que al cuantificarse podría alcanzar
alrededor de $ 75000 millones al año (6). Esta situación debe rectificarse.
Modelo Yasuní-ITT : cambio de modelo por el cambio climático
El
Modelo Yasuní-ITT podría convertirse en el primer modelo de
conservación y desarrollo financiado por el Impuesto Daly-Correa. A
través de la iniciativa gubernamental Modelo Yasuní-ITT, el gobierno
ecuatoriano se compromete a conservar una de las regiones más
biodiversas del mundo, garantizar la integridad del territorio de los
Tagaeri-Taromenani y evitar la liberación de millones de toneladas de
carbono a través de la implementación de un innovador modelo de abatimiento de carbono, que represará más de 400 millones de toneladas de carbono, que son verificables y cuantificables.
Ecuador
es uno de los países con mayor biodiversidad por hectárea en el mundo.
Sin embargo, las externalidades ambientales y sociales como los daños
locales de la extracción, transporte y refinación de hidrocarburos,
pérdida de biodiversidad, contaminación de sus fuentes de agua,
extinción de grupos indígenas no han sido debidamente restadas en sus
cuentas nacionales.(7)
Adicionalmente,
Ecuador está viviendo los efectos negativos del cambio climático a
través de la pérdida de sus glaciares en el caso del Antisana o de los
Ilinizas; el incremento de nivel del mar amenaza a ciudades importantes
como Guayaquil y la posible conversión de su selva amazónica en sábanas
provocaría una crisis económica y social incuantificable.
El
proyecto petrolero ITT alberga un crudo de 14,7 grados API
aproximadamente. Sus reservas probadas y probables alcanzan los 920
millones de barriles -cifra que corresponde a
más del veinte por ciento del total de las reservas petroleras que
posee el Ecuador-. La explotación petrolera del ITT implicaría la
producción de aproximadamente 100.000 barriles diarios de crudo
extra-pesado, con utilidad anual de 720 millones de dólares.
El
gobierno ecuatoriano pide a la comunidad internacional una justa
compensación a su esfuerzo de evitar la liberación de millones de
toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo así a los grandes
esfuerzos de la Humanidad
por detener los impactos del cambio climático. Esta compensación
internacional se canalizará a través del Fondo Yasuní-ITT, estimado en
alrededor de 4 mil millones de dólares, cuyo interés le podría generar
al Ecuador rentas permanentes cercanas a los 350 millones de dólares
anuales durante el periodo en que el petróleo hubiera sido extraído.
Ecuador
está aportando a esta iniciativa, el monto diferencial que como país
dejará de percibir (al menos 350 millones de dólares anuales). Con esta
contraparte, el país plantea una contribución tangible y fuerte
(comparada con su nivel de ingreso y desarrollo) en el marco de los
países comprometidos globalmente con la búsqueda de logros en la
reducción de las emisiones de dióxido de carbono y de conservación de
la biodiversidad que sean justos y equitativos para las presentes y
futuras generaciones.
Las
emisiones ecuatorianas por persona (2.3 toneladas de CO2) están por
debajo del promedio mundial de emisiones de CO2 per capita (4.18
toneladas de CO2) y sumamente distantes de las emisiones per capita de
los países industrializados (Estados Unidos, 19.73 tCO2). A pesar de lo
cual, Ecuador esta dando señales de su compromiso con el cambio
climático al planificar para los años 2007-2011, la ejecución de planes
y proyectos que le permitan diversificar su matriz energética.
El
camino hacia este nuevo modelo de desarrollo se enmarca en un programa
hidroeléctrico muy ambicioso; con políticas dirigidas a aumentar la
eficiencia a nivel de los consumidores finales de energía, con el
impulso de un sistema de reconversión de centrales térmicas para
optimizar su eficiencia; la sustitución de diesel por gas natural; el
mejoramiento de la calidad de uso automotriz con los programas de
etanol en ciudades como Guayaquil; entre otras medidas. Dentro de estas
iniciativas sobresale el "Programa Cero Combustibles en Galápagos"
- un plan integral de acción que tiene como objetivo eliminar
gradualmente el uso de combustibles fósiles en las Islas e impulsar el
uso de Energías Renovables para Galápagos ERG -. Hay gran potencial
eólico y de energía solar en Ecuador.
En
este contexto, el Modelo Yasuní-ITT se podría financiar con el impuesto
Daly-Correa si no llegara la compensación exterior directa. Ecuador
garantizaría el inicio de una transición hacia una economía sostenible
que le permita destinar recursos a la reducción de la pobreza al tiempo
que consigue:
- Disminuir su dependencia de la utilización de combustibles fósiles;
- Implementar una política integral de conservación de ecosistemas sensibles;
- Sustituir la energía termoeléctrica;
- Estimular proyecto de eficiencia energética;
- Impulsar el desarrollo, investigación e inversión en energías renovables: eólica, solar, geotérmica;
- Sentar las bases para una transición hacia una economía no dependiente de las explotaciones petroleras;
-
Impulsar una economía sostenible en el desarrollo de servicios y
productos ambientales, impulsando también construcción de viviendas
para sectores populares y edificios públicos (como escuelas) que sean
modelos de eficiencia energética.
Conclusiones
El eco impuesto Daly-Correa representa un nuevo desafío y un cambio de época para la OPEP
que hasta ahora se había negado (podríamos decir) a poner el cambio
climático en el centro de su política. Este cambio permitirá realizar
las rectificaciones institucionales que garanticen la estabilidad
climática mundial. De lo contrario, el cambio climático traerá graves
implicaciones no solamente para la estabilidad de la economía y de los
mercados sino que causará impactos para la sobrevivencia y
sostenibilidad de la vida humana en el planeta por las que seremos
maldecidos por las futuras generaciones. Un buen gobernante debe tener
una visión del futuro más larga y una "tasa de descuento" más baja que
una empresa petrolera.
Las oportunidades para la OPEP son tanto de justicia económica como de justicia ambiental, son tanto financieras como morales. Su
liderazgo en asumir un papel pro activo en temas sobre el cambio
climático y el desarrollo sustentable marcará la historia de esta
organización.
El
eco-impuesto Daly-Correa, al gravar la venta de exportaciones de
petróleo (tratando de abarcar también el gas y el carbón mineral),
gravará los costos del carbono desde la fuente, en vez de gravar las
emisiones de carbono en los países importadores netos de combustibles
fósiles como la Unión Europea
discutió en 1992 (con el comisario Rippa di Meana, que propuso 10
dólares de eco-tax por barril de petróleo), y como Clinton-Gore
plantearon ya en el 1993 (la BTU tax) sin éxito por la oposición, entonces, del Senado. De esta manera, la OPEP lograría lo que el Protocolo de Kyoto no ha logrado en más de diez años. Al mismo tiempo, la OPEP inmunizará
a sus miembros de las disrupciones e incertidumbres que otros impuestos
o iniciativas sobre cambio climático puedan causarles afectando sus
intereses.
El Fondo Mundial para el Desarrollo Sostenible
generaría un flujo permanente de recursos para fines socio-ambientales
de reducción de pobreza y transición energética hacia países que como
Ecuador se comprometan decididamente a conservar los ecosistemas más
sensibles, garantizar la protección de las comunidades locales que
habitan en estas áreas, e impulsar modelos de desarrollo sustentables.
A través del impuesto Daly-Correa, la OPEP
puede proteger y avanzar los intereses de sus miembros con respecto al
cambio climático, y con visión y liderazgo ayudar el mundo frenar la
amenaza más grande del siglo XXI. ¿Aceptará la OPEP este desafío?
NOTAS A LA SEGUNDA PARTE: (2) Climate Change 2007. The
Physical Science Basis. Wortking Group I Contribution to the Fourth
Assessment Report of the Intergovermental Panel on Climate Change. (3) Stern, Nicholas. The Economics of Climate Change. The Stern Review, Cambridge, UK Government HM Treasury, October 2006. (4) The World
Bank, Clean Energy and Development: Toward an Investment Framework.
Environmental and socially Sustainable Development vice Presidency
Infrastructure vice Presidency, April 5, 2005, ix. 17. (5) Financing
adaptation "Why the UN´s Bali Climate Conference must mandate the
search for new funds", Oxfam Briefing Note, December 2007. Pg 3-4. Oxfam International. (6) En
1995, la economista Jyoti Parikh, quien perteneció al Panel
Intergubernamental de Cambio Climático constató que las emisiones
globales promedio eran de aproximadamente de una tonelada de carbono
(3.7 ton. de CO2) por persona por año. Los países industrializados
producían ¾ partes de estas emisiones en lugar de 1/4 parte que es lo
que les correspondan por su población. La diferencia era del 50% del
total de las emisiones aproximadamente 3000
millones de toneladas. Si contemplamos el aumento del costo marginal de
la reducción, las primeras 1000 millones de toneladas podría reducirse
a un costo de aproximado de $15 por tonelada, pero posteriormente este
costo se incrementaría mucho más. Si tomamos $25 como precio promedio,
entonces existiría un subsidio anual total de $75000 millones de los
países del Sur hacia países del Note. En: Parikh, J.K (1995), "Joint Implementation and the North and South Cooperation for Climate Change" International Environmental Affairs, 7,I. (7) Fander Falconí, Economía y Desarrollo Sostenible. ¿Matrimonio feliz o divorcio anunciado?, Flacso, Quito, 2005.
Joan Martínez Alier es catedrático de teoría económica en la Universidad de Barcelona y reconocido especialista en economía ecológica.
Lucía Gallardo es una investigadora y activista de la organización ecuatoriana Acción Ecológica.
Kevin Koenig es un activista del grupo Amazon Watch contra el petróleo.
Y Max Christian es un investigador en temas de economía ecológica.
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