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Propuesta de compensación por mantener "in situ" el crudo del ITT | Imprimir |  Envie a un amigo
jueves, 10 de mayo de 2007
El Art. 32 de la Ley de Hidrocarburos establece que la explotación de yacimientos de petróleo pesado menores de 15 grados API será “objeto de una planificación económica integral a cargo del Ministerio del Ramo”. 

El Art. 91 de la Constitución vigente reconoce el Principio de Precaución y plantea que “se tomarán medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño. Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la protección del medio ambiente


Ecuador ha suscrito los compromisos internacionales frente al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la protección de áreas protegidas y en todos ellos se ha comprometido con los esfuerzos por la conservación.

Al buscarse un fondo a entregarse por mantener el crudo en el subsuelo, se opta por un mecanismo que no es venta de reservas, ni tampoco venta de servicios ambientales, sino más bien un pago, como forma de compensación por lo que dejaría de percibir el estado ecuatoriano al implementar esta política ambiental de importancia global.

A cambio del pago el Estado entregaría un certificado por el crudo que se compromete a dejar en el subsuelo.

Está claro que Ecuador asume esta política por propio interés, pero también reconoce la responsabilidad diferenciada en relación a las acciones para enfrentar el calentamiento global, en ese sentido la responsabilidad recae principalmente en los países altamente consumidores de combustibles fósiles.

La estimación de montos requeridos son a mediano plazo y reconoce costos reales, es decir, inversiones reales, restando las pérdidas debido a las operaciones petroleras.

En base a estos montos se crearía un fondo de capitalización a fin de generar un ingreso permanente, es decir no solo de 10 o 20 años por del 50% de los que es Estado recibiría de desarrollarse el bloque. Un fondo de capitalización de entre 800 millones a 1.000 de dólares a valor presente, podría ser equivalente a lo esperando.

La campaña será impulsada en una fase inicial desde organizaciones ambientales de la sociedad civil. Una primera exploración de interés de los países deberá ser realizada desde el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se identifican 3 tipos de instancias como potenciales donantes, colocados en orden de contacto cronológico, no de importancia por sus donaciones:

  1. ONGs y agencias de cooperación

  2. Individuos del Ecuador y el Mundo

  3. Gobiernos

Existen diversas opciones bajo análisis para obtener el fondo necesario para implementar la propuesta y estos incluyen: 

  • 25% del IRPF
  • donaciones directas vía un sistema en la WEB
  • campañas nacionales de recolección de adhesiones
  • donaciones por parte de agencias de cooperación
  • convenios gobierno a gobierno para asignaciones dirigidas a la propuesta o como condonaciones de deuda externa.
  • fondos de filantropos en los Estados Unidos, multipliquen las donaciones nacionales en una relación1 a 10, visibilizando así la responsabilidad diferenciada

Para aplicar estos mecanismos es necesario la apertura de una cuenta y llevar un estricto registro de los donantes a fin de que estos reciban el certificado correspondiente por sus donaciones.

Para el cálculo internacional del equivalente donado en barriles de crudo represado, se pueden tomar como referencia las siguientes cifras:

  1. El costo marginal de extracción de un barril de petróleo está entre los 2 a 7 USD según British Petroleum.
  2. El costo una tonelada de carbono retirado de la atmósfera de acuerdo al Banco Mundial es de 20 dólares.
  3. Un valor estimado de 5 dólares por barril. 

Destino de los fondos

El petróleo ha constituido el eje fundamental de la economía ecuatoriana en el último cuarto de siglo, y su papel sigue siendo central. Sin embargo es también el ámbito en el cuál han existido mayores conflictos que el Estado ha debido enfrentar, pues se presentaban irregularidades, formas contractuales perjudiciales para el Estado y severos conflictos ambientales.

Siendo que el petróleo ha sido y continúa siendo tan importante en el Ecuador se ha considerado urgente impulsar propuestas innovativas, que resuelvan las contradicciones existentes entre el modelo económico, la dependencia al petróleo y el bienestar de la población.

Hay necesidad, es cierto, de respuestas de corto plazo que el país pretende resolver con una adecuada revisión de contratos e impulsando propuestas de recuperación mejorada de los actuales yacimientos.

Se trata de buscar salidas a las actuales formas de dependencia económica extractora de petróleo cuyos nocivos efectos sobre el ambiente constituye un freno para el desarrollo y aumenta la vulnerabilidad global.

La propuesta es destinar los fondos que se recuperen para actividades ligadas a la reorientación económica y para consolidar los esfuerzos nacionales de alcanzar la soberanía alimentaria. El éxito de la reorientación de la economía y la política del país está supeditado, en este caso, a la posibilidad de establecer acuerdos a nivel internacional.

Proyecciones

A partir de esta propuesta sería posible y recomendable un nuevo planteamiento a nivel internacional para enfrentar el tema del calentamiento climático, que proponga soluciones reales al problema del calentamiento global y que permita a los países no industrializados beneficiarse de estos mecanismos para compensar las decisiones de no explotar sus yacimientos de crudo.

Propuesta de certificado

El receptor del presente certificado se compromete a entregar la suma de……. Por tantos barriles en el subsuelo, al precio equivalente de …….. a cambio de que el Estado de Ecuador mantenga el petróleo “in situ” del proyecto ITT dentro del Parque Nacional Yasuní.
El Estado ecuatoriano declarará la intangibilidad a perpetuidad del área. En el caso de que la decisión del Estado fuera revertida, el Estado Ecuatoriano se compromete a reponer el dinero invertido más los intereses.


 
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