El día 1 de febrero del 2008, la empresa Repsol, lanzó un boletín de
prensa, a través del cual informaba sobre un derrame ocurrido el 30 de
enero en el Bloque 16 fuera del Parque Nacional Yasuni; además indicaba
que la situación estaba bajo control. El ministerio de Minas y
Petroleos, sobre la base de la información reportada por Repsol, indicó
que el derrame sería de 100 barriles.
Sin embargo, luego de la primera visita de inspección por parte de la
Subsecretaria de Protección Ambiental, del Ministerio de Energía y
Minas, realizada el 31 de enero, se precisó esta información: a) No
eran 100 barriles derramados, sino 2000 barriles. De ellos 500 de
petróleo y 1500 de agua de formación; b) El derrame no había ocurrido
el 30 de enero, sino 10 días antes; y c) el área afectada era de aprox.
3000 m2, y correspondía, según testimonio del presidente de la
comunidad Huaorani de Dícaro, con cuatro chacras de su comunidad.
A pesar de esta información, creemos que la dimensión del derrame es
aun mayor. A través de varios testimonios, que por el momento no
podemos revelar su identidad, se conoce que el derrame habría afectado
una zona de alta vulnerabilidad; específicamente, un importante humedal
innundable, que está en las cabeceras del rio Yasuni, muy cerca del
Parque Nacional Yasuni.
Estas señales recibidas nos permiten sacar como primera conclusión que
Repsol YPF está tergiversando la información, ocultando las verdadras
dimensiones del derrame, y de esta manera, evitando sanciones y
penalizaciones, así como el deterioro de su ya debilitada imagen.
Por todas estas razones, la Campaña Amazonia por la Vida, exige al
gobierno nacional: establecer una comisión oficial al más alto nivel,
con participación de la sociedad civil, para proceder a realizar una
auditoría integral de la zona afectada y de las operaciones de Repsol
YPF. Se debe determinar con precisión la dimensión del derrame, las
causas y responsabildades de dicho desastre, las acciones de prevención
y mitigación emprendidas; y finalmente, como una acción
precautelatoria, estudiar el conjunto de operaciones de Repsol para
verificar si no existen otros derrames no reportados y el estado de las
instalaciones y sus operaciones, ya que, como se explica, en el segundo
boletín de la Subsecretaría de Protección Ambiental, el último derrame
obedecería a un hundimiento de una tubería instalada hace más de 11
años.
Finalmente denunciamos como la empresa petrolera tiene un control
absoluto sobre el territorio; es quien administra la gabarra de acceso,
y a partir de ello, el ingreso y salida de huaoranis, estudiantes de
biología, y otros actores interesados en visitar la zona. Es
fundamental devolver este control al estado ecuatoriano, ya que no se
puede tener a una transnacional cumpliendo estas funciones, lo que si
sería tener a un estado dentro de otro.
Con estos acontecimientos, ratificamos la necesidad de declarar a las
áreas protegidas del país, libres de cualquier actividad extractiva, ya
que por más tecnología de punta que se utilice, los altos riesgos de
este tipo de operaciones, ponen en peligro la presencia de pueblos no
contactados, la cultura y sobrevivencia de los pueblos indígenas, y
finalmente los importantes ecosistemas naturales que dispone el país,
que son la fuente material de reproducción de la vida, de las culturas
locales, y la fuente de los muchos futuros posibles para dichas
comunidades y para el país en su conjunto.
Por el Yasuni, Fuera Repsol!, Fuera Petrobras!
Adelante, señor Presidente, por la recuperación de la soberanía, por el
ecoimpuesto en la OPEP y por la mantención del crudo represado en el
ITT.
Atentamente
Luis Corral
Campaña Amazonía por la Vida
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